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El gobierno de Estados Unidos, bajo la administración del presidente Donald Trump, ha lanzado una nueva aplicación móvil denominada CBP Home, diseñada para facilitar la “autodeportación” de inmigrantes indocumentados.
Esta herramienta permite a los migrantes sin estatus legal notificar voluntariamente su intención de abandonar el país, con la promesa de que podrían regresar legalmente en el futuro.
La aplicación CBP Home reemplaza a CBP One, introducida en 2020 durante la administración de Joe Biden, que permitía a los solicitantes de asilo programar citas en los puertos de entrada.
La administración Trump desactivó CBP One al asumir el cargo, argumentando que facilitaba la entrada ilegal masiva al país.
Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), la autodeportación es la opción más segura para los inmigrantes indocumentados, ya que ahorra recursos gubernamentales y permite que las agencias de inmigración se concentren en individuos con antecedentes criminales.
La secretaria del DHS, Kristi Noem, declaró que aquellos que no se autodeporten serán localizados y deportados, sin posibilidad de regresar en el futuro.
El lanzamiento de CBP Home forma parte de una campaña publicitaria nacional e internacional, valorada en 200 millones de dólares, que busca disuadir la inmigración ilegal y alentar a los indocumentados a abandonar voluntariamente el país. Esta estrategia incluye anuncios en radio, televisión y plataformas digitales en múltiples idiomas y regiones.
La aplicación requiere que los usuarios proporcionen una foto, información biográfica y declaren si poseen suficiente dinero y un pasaporte válido para su retorno. Además, aquellos que utilicen CBP Home para autodeportarse podrían tener la oportunidad de regresar legalmente en el futuro, aunque las leyes actuales imponen restricciones de reingreso que varían según el tiempo de estancia irregular en Estados Unidos.
Esta iniciativa se enmarca en una serie de medidas más amplias de la administración Trump para reforzar el control migratorio, incluyendo la expansión de las “deportaciones aceleradas” y la implementación de regulaciones que obligan a los inmigrantes sin estatus legal a registrarse con el gobierno o enfrentar sanciones.
La comunidad migrante y organizaciones defensoras de los derechos humanos han expresado preocupación por esta medida, argumentando que podría aumentar la vulnerabilidad de los migrantes y disuadirlos de buscar asistencia legal o médica por temor a ser deportados. Además, existen dudas sobre la eficacia de la aplicación y la disposición de los migrantes a utilizarla.
El gobierno de Estados Unidos continúa implementando políticas destinadas a reducir la inmigración ilegal, mientras se debate el equilibrio entre la seguridad nacional y los derechos humanos de los migrantes.