Sugieren formación y capacitación en derechos humanos a policías para erradicar desaparición forzada

Sugieren formación y capacitación en derechos humanos a policías para erradicar desaparición forzada

1 septiembre, 2020 0 Por redaccion_cuentameleon

León, Guanajuato; 1 de septiembre de 2020.- El Relator Especial de la ONU
sobre la Promoción de la Verdad, la Justicia, la Reparación y las Garantías de
No Repetición, Doctor Fabián Omar Salvioli, recomendó aplicar medidas
preventivas de formación y capacitación de las corporaciones de seguridad
para erradicar el delito de desaparición forzada, así como usar protocolos y
estándares de búsqueda de personas con perspectiva de derechos humanos.


El experto de la ONU participó en el foro virtual que organizó la Procuraduría
de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato en el marco de la
Conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada,
junto con la académica y autora del libro “Derechos de las Víctimas de Trata
de Personas, Tortura y Desaparición Forzada”, Doctora Roxana Rosas Fregoso,
y el Ombusdsperson guanajuatense, José Raúl Montero de Alba.

En su intervención, el Doctor Fabián Omar Salvioli consideró que está práctica
que nació el siglo pasado en las dictaduras militares en América Latina sigue
vigente, una vez que las naciones adoptaron nuevos sistemas de gobierno
democráticos, pero la policía y los militares no.


Refirió la necesidad de tomar medidas preventivas para que este tipo de
violación grave a los derechos humanos, en las que incurren las fuerzas
armadas y de seguridad, ya no suceda en ningún país.

Los responsables de la seguridad deben estar sujetos al marco de la ley en un régimen democrático y
erradicar las prácticas como tortura, tratos degradantes y desapariciones forzadas, afirmó.

Las democracias no pueden ceder ante las fuerzas de seguridad que no actúan
bajo los criterios de ley y de respeto a los derechos humanos, y para ello,
resaltó la importancia de prevenir este tipo de delitos con una formación y
capacitación que respete la dignidad humana.
Se debe tomar en serio la prevención de violaciones a derechos humanos para
que las fuerzas de seguridad no atraviesen el límite que impone la Constitución
y los tratados internacionales en esta materia, consideró.


Recordó que el sistema regional de derechos humanos ha revisado casos
contra el Estado mexicano, en los que se acreditaron la desaparición forzada
pese a que es una práctica que se prohíbe de manera expresa por ser un
crimen de lesa humanidad. Inclusive hay sentencias contra México por no
actuar con la debida diligencia como fue el caso del Campo Algodonero,
referido a desapariciones de mujeres en Ciudad Juárez.

El Relator Especial de la ONU también se refirió en su exposición a los
estándares y protocolos que deben guiar el comportamiento de las
instituciones del Estado para sancionar a quien comete este tipo de crimen y
para la búsqueda de personas y atención a los familiares.

Una de las tareas pendientes, comentó, se refiere a establecer estos
protocolos de búsqueda más eficientes, con perspectiva de derechos humanos
con base a los estándares convencionales en la materia. El Estado está
obligado a averiguar el destino de la persona y dar un trato digno a sus
familiares, en la búsqueda de la verdad y el acceso a la justicia.
El Estado debe garantizar el derecho a la verdad para familiares de víctimas
En su intervención, la Doctora Roxana Rosas Fregoso hizo un recuento del
sistema constitucional y convencional de derechos humanos en materia de
desaparición forzada, así como los principales retos que enfrenta México para
erradicar este delito.
Focalizó su ponencia en los derechos que tienen los familiares de víctimas de
desaparición forzada en materia de acceso a la justicia, así como la violación
múltiple relativa al derecho a la libertad personal, el derecho a la integridad
física, el derecho a la vida y el derecho a la personalidad jurídica.
El derecho a la verdad es uno de los aspectos más relevantes del acceso a la
justicia de los familiares de las víctimas, así como la obligación del Estado de
proporcionar un recurso sencillo, rápido y eficiente que permita cumplir con
dicha obligación, relató.

Durante la exposición dijo que es necesaria una coordinación más efectiva
entre autoridades federales y estatales para tener mejores resultados en el
combate y erradicación de la desaparición forzada.

Aseguró que la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos establece que no es posible aplicar ley de amnistía en casos relativos
a esta materia y que tampoco prescribe este delito.
Se requieren mayores esfuerzos para erradicar la desaparición forzada
Finalmente, el Procurador de los Derechos Humanos del Estado de
Guanajuato, José Raúl Montero de Alba, abordó la importancia del marco
jurídico local en esta materia, tanto en la publicación de la Ley para la
Búsqueda de Personas Desaparecidas en el Estado de Guanajuato y la creación
del Sistema y la Comisión estatal.

Por otra parte, subrayó la importancia que tendrá el retiro de la reserva del
artículo 31 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las
Personas contra las Desapariciones Forzadas, lo que permitirá reconocer la
competencia del Comité para recibir y examinar casos individuales.

PROBLEMA COMPLEJO

A pesar de los avances normativos internacionales, jurisprudenciales y
doctrinales, la desaparición forzada es un problema social complejo que
requiere mayores esfuerzos para ser erradicada.
Los familiares de las víctimas viven en constante dolor, incertidumbre y
angustia, lo que reclama una respuesta institucional que brinde justicia,
verdad y reparación del daño.

En este contexto, reconoció el diálogo permanente de las autoridades con los
colectivos, defensores de derechos humanos y familiares de las víctimas para
avanzar en esta situación.

En este foro virtual participaron el titular de la Comisión Estatal de Búsqueda
de Personas, Héctor Alonso Díaz Ezquerra, la diputada e integrante de la
Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables, Libia
Dennise García Muñoz Ledo, así como representantes de las comisiones de
derechos humanos de distintas entidades del país y de organizaciones no
gubernamentales así como entidades gubernamentales municipales y
estatales.