No llega la justicia en caso de migrante asesinado

No llega la justicia en caso de migrante asesinado

2 abril, 2020 0 Por redaccion_cuentameleon

La Fiscalía General del Estado al mando de Carlos Zamarripa Aguirre llegó a la conclusión de no ejercer acción penal en contra de los elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública (FSPE) -cuyo titular es Alvar Cabeza de Vaca-, quienes participaron en la privación de la vida del joven migrante Leonardo Reyes Cayente, originario de San Miguel de Allende.

El argumento fue que los agentes actuaron en legítima defensa, cuando vieron en peligro su vida, al encontrarse con Leo en el acceso a la comunidad Corralejo de Abajo.

Lo anterior a pesar de que la resolución de la Procuraduría Estatal de Derechos Humanos se establece que no se acreditó la legítima defensa.

Una situación que ocurrió en el caso, es que la servidora pública Ramona Álvarez Pérez, agente del Ministerio Público a la que la Procuraduría Estatal de Derechos Humanos resolvió que debía ser investigada por impedir a la familia de Leo el derecho de acceso a la justicia, fue la misma que determinó que no había elementos suficientes para fincar responsabilidades a los elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública.

Se concluyó que lo agentes que participaron en el operativo solo respondieron a un ataque, en el que supuestamente participó Leo Reyes y otras dos personas, de las cuales no han revelado identidad.

Derechos Humanos observó que  no se garantizó el acceso de la familia al derecho a la justicia.

Una de las tres recomendaciones que emitió la Procuraduría de Derechos Humanos a la Fiscalía de Carlos Zamarripa fue iniciar un procedimiento administrativo a dos agentes del MP por el retraso en la judicialización de la carpeta.

La recomendación se fundamenta en que los agentes de investigación no han garantizado a la familia Reyes Cayente los derechos que tienen como víctimas.

 

LOS ARGUMENTOS

Para la Fiscalía del Estado los métodos que utilizaron los policías estatales, y que llevaron a Leo a la muerte, están justificados porque solo intentaron defenderse de una agresión.

Sin embargo, para Derechos Humanos el uso de la fuerza no logró legitimarse, según lo establece la resolución del expediente 83/18-D, en la que se “pone en duda el uso legítimo de la fuerza empleada con el joven migrante”, luego de corroborar que los elementos de FSPE dispararon contra el Leo Reyes y no pidieron el apoyo de los cuerpos de emergencia para que recibiera atención médica.

Durante la madrugada del 13 de diciembre de 2018, Leo fue privado de la vida cuando policías realizaban un rondín por la zona donde se encontraba el joven en busca de señal en el celular y poder hablar con su novia.

Las balas detonadas por los policías terminaron con la vida del joven migrante de San Miguel de Allende.