En el Congreso del Estado de Guanajuato aprobaron modificaciones al Código Penal en materia de violencia familiar.

Ahora, se castigará a quien ejerza cualquier tipo de violencia, también se considerará violencia familiar equiparada cuando la persona agresora tenga responsabilidades de cuidado o apoyo con la víctima.

La diputada Katya Cristina Soto Escamilla comentó que con estas modificaciones se refrendaba el compromiso hacia las familias de Guanajuato para su tranquilidad, seguridad y sano desarrollo.

Manifestó que con estas modificaciones se refuerza el tipo penal de violencia familiar.

Ejemplificó diciendo que una persona con discapacidad puede ser violentada por otras personas de las que recibe apoyo y que no cumplen la categoría de parentesco, o cuando personas adultas mayores son cuidadas por terceras personas y estás últimas son violentadoras.

“Queremos ampliar la protección para las personas con discapacidad y adultas mayores, así como otras personas, que requieren ser asistidas en sus actividades o vida cotidiana por parte de terceras personas que no necesariamente tienen un vínculo de parentesco, matrimonio y concubinato, pero por cierta causa se incorporaron al núcleo familiar”, indicó Soto Escamilla.

La diputada local Yulma Rocha Aguilar señaló que en 2023 se manifestaron más de 14 mil denuncias por violencia familiar y aproximadamente 58 mil llamadas de emergencia de mujeres que han sufrido algún episodio de violencia, además de que solo el 7% de la violencia física o sexual que se ejerce contra las mujeres en el ámbito familiar es denunciada.

Explicó que las modificaciones se dan para que no solamente se considere la violencia física o moral ejercida contra las víctimas, sino cualquier tipo de violencia que esté nombrada en ley, aunado a que también se considere violencia familiar cuando ésta sea cometida por alguna persona que tenga en sus responsabilidades el cuidad o apoyo, sin importar que no tenga relación de parentesco o sentimental con la víctima.

Concluyó diciendo que estas modificaciones se traducen en un avance sustancial para contribuir a que los procesos penales sean investigados y juzgados con perspectiva de género y de derechos humanos, así como lograr el garantizar la adecuada atención y protección a las víctimas de violencia.